La Comisión Europea ha dado un ultimátum a España y a otros siete países miembros de la Unión Europea, exigiendo la adaptación de sus legislaciones nacionales a las normativas de la directiva Euroviñeta, que regula los peajes y las viñetas para el uso de infraestructuras viarias. Esta directiva establece criterios comunes para imponer tasas basadas en la distancia (peajes) y en el tiempo (viñetas), permitiendo a los países recuperar los costos de infraestructura mediante estos cargos.
Bruselas se desespera
La fecha límite para la transposición de esta directiva al ordenamiento jurídico nacional de los países afectados expiró el 25 de marzo de 2024. Sin embargo, España, junto con Bulgaria, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta, Polonia y Portugal, no ha comunicado las medidas de transposición correspondientes. Por ello, la Comisión Europea ha enviado un dictamen motivado a estos Estados miembros, otorgándoles un plazo adicional de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. En caso de no hacerlo, la Comisión podría decidir remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea
La euroviñeta, objetivo común
La revisión de la Directiva Euroviñeta, que entró en vigor en marzo de 2024, amplía su alcance para incluir turismos, autobuses, autocares y vehículos pesados pequeños. Además, exige a los Estados miembros que incorporen los costos medioambientales de la contaminación atmosférica en sus sistemas de tarifas, estableciendo tasas basadas en las emisiones de CO₂ de los vehículos. El objetivo es reducir las emisiones contaminantes y fomentar el uso de vehículos más limpios
Impacto en España
La falta de adaptación de la legislación española a esta directiva podría tener implicaciones significativas. Además de la posible intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, España podría enfrentar sanciones económicas y la obligación de modificar su normativa para cumplir con los estándares europeos. Es esencial nuestro Gobierno actúe con rapidez para evitar consecuencias legales y financieras desfavorables, que acabaremos pagando todos.
España dispone de dos meses para responder al dictamen motivado de la Comisión Europea y adoptar las medidas necesarias para transponer la Directiva Euroviñeta a su legislación nacional. Durante este período, es crucial que las autoridades españolas trabajen en la elaboración y aprobación de las normativas correspondientes, garantizando su alineación con los objetivos medioambientales y económicos de la Unión Europea.
